El Gobierno acelera las privatizaciones y apunta a concretarlas en 2026

El Gobierno nacional avanza con el esquema de privatizaciones y concesiones previsto en la Ley Bases con el objetivo de que todos los procesos queden encaminados durante 2025 y se concreten en 2026. En la Casa Rosada reconocen que existen demoras, pero aseguran que por razones operativas y políticas “todo tiene que entrar este año”.

Desde el Ejecutivo explican que la prioridad es publicar pliegos y activar los llamados antes de fin de año, aunque no todos los expedientes avanzan al mismo ritmo.

Entre los casos más adelantados aparece Intercargo, que ya cuenta con decreto habilitante para su privatización. En el Ministerio de Economía aseguran que la licitación se lanzará “en breve”, con un precio de referencia cercano a los 30 millones de dólares. El proceso se apoya en la desregulación del mercado de rampas y en la rescisión del contrato de exclusividad con el Estado.

También figura en el lote prioritario Belgrano Cargas, cuya licitación fue rediseñada para permitir ofertas integrales por activos y operación. El nuevo esquema despertó interés de grandes operadores internacionales y de un consorcio de cerealeras, en un negocio considerado estratégico para mejorar la logística exportadora.

Otro expediente en etapa avanzada es el de AYSA. En el oficialismo sostienen que el pliego está prácticamente terminado y que el proceso se lanzará en las próximas semanas, con la intención de desprenderse del paquete mayoritario de acciones.

Más compleja es la situación de Nucleoeléctrica Argentina, cuya privatización quedó demorada por denuncias internas, sumarios administrativos y conflictos en el directorio. Desde el Gobierno admiten que este escenario enfría el interés de inversores y retrasa definiciones.

En el caso del Correo Argentino, el Ejecutivo optó por un esquema de concesión en lugar de venta accionaria, aunque fuentes oficiales señalan que el proceso podría postergarse hasta mayo.

Para Trenes Argentinos (SOFSE), la Casa Rosada mantiene la idea de dividir la empresa por líneas como paso previo a concesiones o esquemas mixtos, con el compromiso de no avanzar en despidos masivos.

En cuanto a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), gana terreno la alternativa de transferir la operación a la provincia de Santa Cruz, ante la falta de atractivo para una licitación tradicional y el alto costo fiscal del complejo.

Además, el Gobierno trabaja en la licitación del tercer tramo de Corredores Viales, dentro del plan general de traspaso de infraestructura al sector privado.

Desde el Ejecutivo insisten en que 2025 será el año clave para dejar listos los procesos y que 2026 marque el inicio efectivo de la nueva etapa de privatizaciones impulsada por la Ley Bases.