En la antesala del debate por la reforma laboral en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió activar una estrategia política paralela a la presión callejera: salir a recorrer las provincias para sumar respaldo de los gobernadores y construir un frente de resistencia al proyecto del Gobierno nacional.
La iniciativa estará encabezada por los miembros del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes visitarán especialmente distritos gobernados por el peronismo y por mandatarios que integran el bloque Provincias Unidas. El objetivo es articular una posición común que influya en los legisladores nacionales al momento de tratar la iniciativa.
Desde la central obrera remarcaron que los contactos con los gobernadores son permanentes y que ya hubo reuniones con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros. En esos encuentros, los dirigentes sindicales expusieron su preocupación por el impacto que tendría la reforma sobre el empleo, las pymes y los derechos laborales.
Si bien algunos mandatarios admiten que ciertos aspectos de la normativa necesitan modernizarse, también plantean reparos. En el caso de Santa Fe, por ejemplo, el foco está puesto en proteger a las pequeñas y medianas empresas y facilitar el paso del trabajo informal al empleo registrado, sin avanzar sobre garantías básicas de los trabajadores.
Pese a esto, en la CGT reconocen que la pulseada con el Gobierno es compleja. Nación tiene herramientas políticas y financieras para negociar con las provincias, y uno de los puntos más sensibles es la modificación del Impuesto a las Ganancias, que podría afectar la recaudación provincial.
El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, fue contundente al evaluar el contenido del proyecto. “A medida que se conoce la letra chica de esta mal llamada reforma laboral, crece la percepción de que lo que se busca es profundizar la precarización y eliminar derechos consagrados por la Constitución”, sostuvo.
Según el dirigente, el problema no es la legislación laboral en sí, sino la política económica del Gobierno. “Se prioriza lo financiero y se abandona la producción. Eso está agravando la crisis en las empresas, sobre todo en las pymes, y destruyendo el tejido industrial”, afirmó.
Sola también advirtió sobre indicadores sociales preocupantes: caída del consumo, aumento del desempleo y pérdida del poder adquisitivo incluso entre quienes conservan su trabajo. “La plata alcanza cada vez menos y crece el endeudamiento de las familias”, remarcó.
En ese contexto, llamó a los legisladores a no convalidar una reforma que, según dijo, “empeorará la situación de los trabajadores”. Y fue más allá: aseguró que, si se aprueba el proyecto, será declarado inconstitucional por la Justicia laboral.
Con la gira federal y la presión parlamentaria, la CGT apuesta a frenar o modificar de fondo una iniciativa que considera regresiva y que ya encendió una nueva etapa de tensión entre el sindicalismo y el gobierno de Javier Milei.