Juicio por YPF: Burford pidió que la Justicia de EE.UU. declare en desacato a la Argentina
Burford Capital, el principal beneficiario del fallo en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones por presunto incumplimiento de órdenes judiciales.
La presentación se conoció de manera oficial en las últimas horas y se basa en la acusación de que el Estado argentino no aportó información que el fondo considera clave para la evolución de la demanda, en particular correos electrónicos y mensajes de funcionarios de este gobierno y del anterior.
El especialista en litigios internacionales Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó que será un proceso largo y que la Argentina presentará sus argumentos el 19 de febrero. Según detalló, Burford pidió que se declare “alter ego” del Estado a organismos como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas, además de sanciones civiles, una multa coercitiva de un millón de dólares por día y la presunción de que la información no entregada sería desfavorable para el país.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa del Estado, rechazaron el planteo y aseguraron que la Argentina cumplió con el proceso de discovery, con la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y testimonios de funcionarios. Además, calificaron el pedido como una maniobra “hostil y desproporcionada” para presionar al país en el marco de la causa.
El fallo original de Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, cifra que hoy supera los USD 18.000 millones con intereses. Aunque la sentencia está apelada, en el sistema judicial estadounidense puede ejecutarse mientras se tramita esa instancia, por lo que Burford intenta avanzar con distintas acciones para cobrar.
Entre ellas, busca embargar activos o demostrar que el Estado y empresas como YPF son, en los hechos, lo mismo, lo que permitiría avanzar sobre bienes en el exterior. En ese contexto, exigió comunicaciones personales de funcionarios, algo que el Gobierno sostiene que no puede entregar por no tener control legal sobre cuentas privadas.
Para la Argentina, un eventual fallo de desacato tendría un fuerte impacto político y financiero, justo cuando intenta recuperar acceso a los mercados y atraer inversiones. La jueza Preska deberá definir en las próximas semanas si da lugar al pedido del fondo o respalda la postura del Estado.
