El Gobierno volverá a impulsar cambios en la Ley de Salud Mental durante las sesiones ordinarias
El Gobierno nacional planea retomar en 2026 la discusión sobre la Ley de Salud Mental y enviar al Congreso un proyecto que modifique algunos de sus artículos centrales. La iniciativa formará parte de la agenda legislativa del período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo, y apunta a introducir cambios en el régimen de internaciones involuntarias, con un mayor margen de intervención para el Poder Judicial en determinados casos.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, la propuesta buscará atender reclamos persistentes de familiares de pacientes, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad, que cuestionan limitaciones en la aplicación de la Ley N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Desde el oficialismo sostienen que, si bien la norma tuvo como eje la defensa de los derechos de las personas con padecimientos mentales y el proceso de desmanicomialización, su implementación mostró falencias ante la falta de dispositivos adecuados y respuestas para situaciones de emergencia.
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, trabaja en el diseño del proyecto, que retomaría varios puntos que habían sido incluidos en la versión original de la Ley Bases pero que quedaron fuera del texto finalmente aprobado por el Congreso. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de que jueces autoricen la internación de pacientes cuando exista riesgo cierto para sí mismos o para terceros.
Desde la Casa Rosada reconocen que el objetivo es “reordenar” la normativa vigente y recuperar herramientas que, a su entender, funcionaban en el esquema anterior. En ese sentido, no descartan que el presidente Javier Milei anuncie los lineamientos generales de la iniciativa durante el discurso de apertura de sesiones legislativas.
Las modificaciones en estudio incluyen la definición de casos específicos para la internación involuntaria, concebida como un recurso terapéutico excepcional; la habilitación para crear centros y establecimientos especializados; cambios en las condiciones de externación y rehabilitación; y una revisión de la composición y funciones del Órgano de Revisión. También se analiza otorgar mayores atribuciones a defensores y magistrados para solicitar medidas de atención urgente.
El intento de avanzar con estas reformas generó y vuelve a generar resistencia en sectores vinculados a los derechos humanos y a la salud mental, que advierten sobre un posible retroceso hacia prácticas manicomializantes. Desde el Gobierno, en cambio, argumentan que la ley actual no brinda respuestas adecuadas frente a episodios críticos y citan casos de alto impacto público para justificar la necesidad de cambios.
Entre ellos, mencionan el homicidio del efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán en 2020, un hecho que reavivó el debate sobre las herramientas disponibles para intervenir ante personas con padecimientos mentales graves. También toman como referencia el testimonio de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso en el Congreso sobre las dificultades que enfrentan las familias para obtener asistencia y contención en situaciones de brotes o adicciones.
En ese marco, desde el oficialismo remarcan que la discusión también estará atravesada por el financiamiento del sistema de salud mental. Las críticas al presupuesto vigente y a la falta de recursos para abordar estas problemáticas forman parte del contexto en el que el Gobierno buscará reabrir el debate legislativo sobre una ley que, a más de una década de su sanción, sigue generando controversia.
