El Senado tratará la ley de Inocencia Fiscal y el cambio tributario alcanzará a contribuyentes de Catamarca
El Senado de la Nación se prepara para debatir en los próximos días la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave del Gobierno nacional que propone una profunda modificación del Régimen Penal Tributario y del esquema impositivo vigente. El proyecto, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, tendrá efectos directos sobre contribuyentes de todas las provincias, incluida Catamarca, tanto en personas físicas como en el sector empresarial.
La propuesta se inscribe dentro de la estrategia oficial de remonetización en dólares y competencia de monedas, y apunta a ofrecer mayor previsibilidad jurídica a quienes decidan exteriorizar capitales no declarados. En paralelo, busca corregir distorsiones generadas por años de inflación que, según el Ejecutivo, convirtieron a la legislación penal tributaria en un instrumento desproporcionado frente a montos hoy considerados bajos en términos reales.
Uno de los cambios centrales es la fuerte actualización de los umbrales que configuran delito penal. El proyecto eleva el piso de la evasión simple de $1,5 millones a $100 millones, lo que equivale a unos 68.000 dólares al tipo de cambio actual. Por debajo de ese monto, la evasión dejaría de tener consecuencias penales. En el caso de la evasión agravada, el umbral pasaría de $15 millones a $1.000 millones.
Desde una mirada liberal, el oficialismo sostiene que este esquema apunta a concentrar la persecución penal en conductas verdaderamente graves, reduciendo la criminalización de incumplimientos menores y la litigiosidad que sobrecarga al sistema judicial y al fisco. No obstante, sectores críticos advierten que la suba de los pisos podría generar incentivos laxos si no va acompañada de controles efectivos.
La iniciativa también introduce un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios inferiores a $10.000 millones. En estos casos, el impuesto se determinaría principalmente por nivel de facturación, dejando de lado el análisis patrimonial, una modificación que el Gobierno presenta como una simplificación administrativa y una señal promercado.
Otro punto relevante es la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regulariza su situación abonando el capital y los intereses antes de que se formalice una denuncia. A ello se suman cambios en los plazos de fiscalización y en los mecanismos administrativos de resolución de conflictos, con el objetivo declarado de reducir la discrecionalidad estatal.
Pese a la flexibilización en los umbrales, el proyecto mantiene intactas las sanciones para las maniobras más graves: fraude fiscal, insolvencia provocada, utilización de estructuras para ocultar identidades o aprovechamiento indebido de beneficios fiscales. En esos casos, las penas seguirán vigentes independientemente del monto involucrado.
Multas más altas y nuevo esquema de intimaciones
La reforma también alcanza al sistema de sanciones por incumplimientos formales. Se incorpora un esquema de multas automáticas para declaraciones juradas presentadas fuera de término, aunque el Ministerio de Economía aclaró que no se aplicarán de forma inmediata.
Según explicó el ministro Luis Caputo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) enviará primero un aviso al contribuyente, otorgando un plazo adicional de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación. Recién tras ese período se avanzará con la intimación y la multa, que será graduada según la cantidad de días de demora y la reincidencia.
Sin embargo, el salto en los montos es significativo: las sanciones mínimas pasarán de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para empresas. El Gobierno defiende este ajuste como una actualización necesaria tras años de atraso nominal, mientras que críticos señalan el riesgo de castigar con dureza errores administrativos en un contexto económico todavía frágil.
Con este proyecto, el Ejecutivo busca consolidar un giro en la política tributaria, priorizando incentivos a la formalización y reducción del peso penal del Estado. El debate en el Senado será clave para definir si esa lógica logra imponerse o si encuentra resistencias en una Cámara donde aún persisten dudas sobre el alcance real de la llamada “Inocencia Fiscal”.
