Se suspendió el paro de controladores aéreos tras la conciliación obligatoria y se normalizan los vuelos
El conflicto con los controladores aéreos quedó momentáneamente desactivado luego de que la Secretaría de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, medida que obligó al gremio Atepsa a suspender el cronograma de paros previsto para las Fiestas y la temporada alta. Con esa decisión, el Gobierno buscó preservar la prestación de un servicio esencial y evitar nuevas alteraciones en el transporte aéreo.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmó que, tras la resolución oficial, el sistema de navegación aérea opera con normalidad en todos los aeropuertos del país, todos los días y en todas las franjas horarias. Según el organismo, la previsibilidad quedó restablecida y no se registran afectaciones en los vuelos nacionales ni internacionales programados para el cierre del año.
Desde EANA destacaron que, en este nuevo escenario, continuarán apostando al diálogo para alcanzar una solución de fondo, aunque subrayaron que la conciliación obligatoria permite asegurar la continuidad operativa mientras se desarrollan las negociaciones. La medida trajo alivio inmediato a miles de pasajeros que mantenían incertidumbre sobre sus viajes de fin de año.
El gremio Atepsa había anunciado un plan de lucha que comenzó el 17 de diciembre y se extendía hasta el 29, con paros parciales que afectaban vuelos en distintas franjas horarias. En las dos primeras jornadas de protesta, los impactos ya habían sido significativos: más de 41.000 pasajeros se vieron afectados y las aerolíneas debieron reprogramar decenas de operaciones.
Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, informó que durante esos días tuvo que modificar 155 vuelos entre demoras y adelantamientos, lo que impactó sobre más de 20.000 pasajeros. El conflicto expuso, una vez más, la vulnerabilidad del sistema aéreo frente a medidas de fuerza en áreas críticas.
Desde el sindicato, las demandas centrales incluyen la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de condiciones laborales vinculadas a la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo. Atepsa sostiene que estos reclamos fueron planteados con antelación y que no obtuvieron respuestas suficientes para evitar el conflicto.
La posición oficial es diametralmente opuesta. Fuentes del Gobierno calificaron las medidas de fuerza como “ilegítimas” y aseguraron que tuvieron un carácter “amenazante y extorsivo”, con un trasfondo político destinado a generar daño en un momento sensible para la actividad económica y el turismo. En esa línea, remarcaron que el Estado no puede permitir interrupciones en servicios esenciales que afectan a millones de usuarios.
En paralelo, EANA presentó una denuncia judicial contra Atepsa por presuntos riesgos a la seguridad operacional. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, bajo la carátula de “Averiguación de Delito Contra la Seguridad de la Aeronavegación”.
Según la presentación, durante las protestas se registraron acciones que podrían haber comprometido la seguridad, entre ellas la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control. EANA advirtió que ese tipo de intervenciones no solo obstaculizan el normal funcionamiento de las instalaciones, sino que también implican riesgos concretos para terceros.
Con la conciliación obligatoria en vigencia, el Gobierno logró desactivar el conflicto en el corto plazo y asegurar la operación del sistema aéreo en un período clave. Resta ahora saber si las partes alcanzarán un acuerdo definitivo o si el conflicto volverá a tensionarse una vez vencido el plazo legal.
