La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que uno de los principales desafíos del Gobierno nacional en sus primeros años de gestión fue desarticular un esquema de corrupción vinculado a la administración de planes sociales, que —según afirmó— funcionaba a través de una red integrada por organismos del Estado y dirigentes de organizaciones sociales.
En declaraciones radiales, la funcionaria sostuvo que el sistema previo favorecía maniobras irregulares y carecía de controles efectivos. “Era toda una gran red de distintos organismos del Estado entramados para robar”, afirmó, al describir lo que consideró un uso discrecional de los recursos destinados a la asistencia social.
Pettovello cuestionó la proliferación de ministerios, secretarías y programas sociales durante gestiones anteriores y señaló que esa estructura fragmentada dificultaba la transparencia. Según explicó, los denominados “gerentes de la pobreza” operaban simultáneamente desde dentro y fuera del Estado, influyendo en la asignación de subsidios y en la ejecución de gastos.
En ese marco, mencionó a dirigentes sociales denunciados judicialmente y describió mecanismos que incluían compras con sobreprecios, facturación apócrifa a través de cooperativas y presiones sobre beneficiarios. “Tenían la potestad de subir o dar de baja planes, y eso se traducía en extorsiones o en la obligación de asistir a marchas”, señaló, al tiempo que remarcó la ausencia de un control real sobre más de un millón de beneficiarios registrados solo en planillas.
Para revertir esa situación, la ministra destacó un proceso de digitalización y tecnificación de los sistemas de asignación de recursos, especialmente en organismos como la ANSES. Según explicó, el objetivo es dejar una estructura administrativa que impida el regreso de prácticas irregulares una vez finalizada la actual gestión.
En relación con las protestas sociales, Pettovello atribuyó el fin de los piquetes a una estrategia coordinada con el Ministerio de Seguridad. “Fue un trabajo conjunto con Patricia Bullrich: ella puso orden en la calle y yo los desfinancié”, afirmó, al señalar que la reducción de recursos a las organizaciones cortó el incentivo económico detrás de las movilizaciones.
La funcionaria también respondió a las críticas y causas judiciales en su contra, que vinculó con su política de transparencia. Negó haber retenido alimentos y aseguró que no se vencieron productos almacenados, al tiempo que indicó que la distribución se realizó con autorización judicial y criterios de vulnerabilidad provincial.
Por último, Pettovello sostuvo que el esquema actual permitió redirigir los fondos directamente a los beneficiarios. Según sus cifras, mientras antes una parte sustancial del presupuesto quedaba en manos de intermediarios, hoy la gran mayoría de los recursos llega de manera directa a las personas asistidas. En ese sentido, remarcó la necesidad de monitoreo permanente y planificación para garantizar que la ayuda social cumpla su función sin intermediaciones ni desvíos.