El Gobierno revisará los controles psicológicos en las Fuerzas Armadas tras un caso que encendió alarmas internas
El Gobierno confirmó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, en una decisión que expone falencias en los actuales mecanismos de evaluación y acompañamiento del personal. La medida contempla una revisión integral de los protocolos vigentes, con foco en los efectivos que prestan servicio armado en contextos de alta exigencia operativa.
Según fuentes oficiales, las tres fuerzas ya cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el caso de la Fuerza Aérea, los controles son anuales y se complementan con exámenes especiales ante situaciones particulares, un esquema que se replica —con variaciones— en el Ejército y la Armada. Sin embargo, en el Ministerio de Defensa admiten que esos procedimientos resultan insuficientes para detectar de manera temprana situaciones de riesgo.
En ese marco, se analiza incorporar instancias adicionales de seguimiento y fortalecer el acompañamiento psicológico continuo, además de actualizar los criterios de aptitud para destinos sensibles, como la custodia presidencial o tareas de seguridad permanente. El debate incluye un mayor involucramiento de los servicios de sanidad militar y una revisión de los estándares de asignación de funciones.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa avanzar con una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas. La discusión gira en torno a completar las dos cuotas pendientes del esquema dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó inconcluso y aún no fue formalizado por la actual conducción. En el propio Gobierno reconocen que el deterioro salarial impacta de manera directa en el bienestar del personal, aunque aclaran que no hay decisiones tomadas ni fechas confirmadas.
Desde la Casa Rosada subrayan que cualquier aumento deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. En la misma línea, también se analiza una reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), otro frente sensible en la agenda del sector.
En el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, señalan que el abordaje será integral y combinará variables operativas, sanitarias y económicas. La prioridad inmediata, remarcan, está puesta en la revisión de los protocolos psicológicos, mientras continúan las evaluaciones sobre la cuestión salarial.
La decisión del Ejecutivo se da en un contexto de alta preocupación interna por las condiciones en las que prestan servicio los soldados asignados a tareas de vigilancia en el entorno presidencial. La investigación judicial por la muerte del soldado Rodrigo Gómez, perteneciente al Ejército, sigue en curso y está a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, que encabeza Sandra Arroyo Salgado. Desde el Gobierno aseguran que están a disposición de la Justicia, aunque evitan brindar detalles sobre el material entregado en el marco de las pericias.
La causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales de San Isidro, que trabaja junto a la Policía Federal. Mientras tanto, en la mesa chica del Ejecutivo admiten que el episodio funcionó como un punto de inflexión y obligó a revisar prácticas que, hasta ahora, se daban por suficientes.
