Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero el Gobierno sufrió un revés clave por Discapacidad y Universidades
Tras una extensa sesión y negociaciones contrarreloj, el Gobierno consiguió este jueves la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la jornada dejó un traspié político significativo para la Casa Rosada: el rechazo del artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario.
Se trata del primer Presupuesto aprobado durante la gestión de Javier Milei, luego de dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023. En la votación en general, La Libertad Avanza reunió el respaldo del PRO, sectores de la UCR, el MID y bloques provinciales alineados con distintos gobernadores, incluidos legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Juan. En contraposición, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque fue clave para habilitar el quórum inicial.
El escenario cambió al momento de votar en particular. Allí, parte de los aliados del oficialismo se desmarcó y votó contra el artículo 75, que concentraba el mayor nivel de rechazo político y social. Diputados de Catamarca, Tucumán, Salta, Neuquén y el bloque Provincias Unidas impidieron que prosperara la derogación de las leyes vigentes, lo que dejó al descubierto los límites del armado parlamentario libertario.
El Presupuesto aprobado establece como principales variables un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de referencia cercano a los $1.423 para diciembre de 2026. El Gobierno proyecta además un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, junto con un aumento del 10,6% en las exportaciones. Desde la oposición cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y advirtieron que los supuestos macroeconómicos resultan poco realistas.
El punto más controvertido de la sesión fue la estrategia del oficialismo de agrupar artículos sensibles en un mismo capítulo para evitar fugas de votos. En ese esquema se incluyó no solo la derogación de las leyes de discapacidad y universidades, sino también la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial. La maniobra generó tensiones incluso dentro del PRO y terminó jugando en contra del propio Gobierno: el capítulo completo fue rechazado por 123 votos contra 117.
Desde una mirada liberal, el resultado deja una señal ambigua. Por un lado, el oficialismo avanzó en ordenar las cuentas públicas y fijar un marco presupuestario coherente con el equilibrio fiscal que impulsa Milei. Por otro, pagó el costo político de intentar forzar acuerdos mediante atajos reglamentarios, lo que terminó fortaleciendo a una oposición que logró sostener leyes sensibles y exponer fisuras en la coalición de apoyo al Ejecutivo.
El proyecto ahora será girado al Senado, donde el Gobierno buscará introducir cambios y revertir el revés sufrido en Diputados. La discusión anticipa un nuevo capítulo de tensión legislativa, con un oficialismo que apuesta a la disciplina fiscal y una oposición dispuesta a marcar límites en áreas de alto impacto social.
