Reforma laboral: avance clave para modernizar el empleo y limitar el poder sindical
El gobierno de Javier Milei envió al Senado su reforma laboral, una iniciativa que busca modificar las bases del sistema de empleo argentino: más contratación privada, menos juicios laborales y un reordenamiento del rol sindical. El objetivo central es revertir un mercado laboral estancado desde hace más de una década, donde la mitad de los trabajadores menores de 35 años sigue atrapada en la informalidad. El proyecto plantea nuevos contratos, cambios en la Justicia, incentivos fiscales y un esquema de indemnizaciones a través de un fondo acumulativo que elimina el impacto súbito de los despidos sobre las PyMEs.
La iniciativa crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta destinada a cubrir el costo indemnizatorio mediante un aporte mensual equivalente al 3% de la base salarial utilizada para los aportes previsionales. El fondo será administrado por entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores, con reglas de inversión definidas por el Banco Central. Según el Gobierno, este mecanismo tendrá “costo cero” para el trabajador y permitirá a las pequeñas empresas contratar sin el temor a quiebras por litigios o indemnizaciones impagables.
Además, la reforma introduce un punto de fuerte impacto político: las empresas ya no estarán obligadas a actuar como agentes de retención para las cuotas de afiliación sindical. Solo podrán hacerlo con consentimiento explícito del trabajador y acuerdo entre las partes. Los gremios deberán, por primera vez en décadas, desarrollar sus propios sistemas de cobro y transparencia, en un contexto donde el Gobierno busca cortar mecanismos estructurales de financiamiento opaco.
El proyecto también aclara aspectos judiciales que históricamente alimentaron la “industria del juicio”, como la exclusión del aguinaldo en el cálculo indemnizatorio, cuestión que hasta ahora variaba según la jurisdicción. Asimismo, se avanza en el traspaso de los fueros laborales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires y en precisiones que eliminan zonas grises utilizadas para litigios extensos y costosos.
El Poder Ejecutivo sostiene que esta reforma será el puntapié para expandir el empleo formal, reducir la presión sobre el Estado y construir un marco laboral más competitivo. Aunque el Gobierno evita proyectar cifras de impacto para no “generar expectativas irreales”, la convicción oficial es clara: un sistema más previsible y menos judicializado favorecerá la contratación privada y aumentará la productividad. El debate en el Congreso promete ser intenso, pero para el oficialismo se trata de una reforma estructural largamente postergada.
