El peronismo se atrinchera contra la reforma laboral y busca bloquearla en el Congreso
El peronismo decidió abandonar las ambigüedades y avanzar hacia una postura de resistencia abierta frente a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. En la última semana, dirigentes sindicales y legisladores justicialistas mantuvieron múltiples reuniones para unificar criterios, evitar fracturas internas y presentar un frente común contra la modernización del sistema laboral, una de las banderas del programa libertario.
La CGT —ahora conducida por Jorge Sola, Christian Jerónimo y Octavio Argüello— se colocó en el centro de la confrontación al anunciar una movilización a Plaza de Mayo el próximo 18 de diciembre, reforzando la estrategia de presión callejera que históricamente caracteriza a la central obrera. El triunvirato endureció su discurso y denunció que el proyecto oficialista “viola principios constitucionales” y “erosiona derechos adquiridos”, aun cuando la iniciativa busca justamente flexibilizar un marco laboral rígido que desalienta la contratación y multiplica la informalidad.
En paralelo, el bloque de Fuerza Patria —que reúne a diputados y senadores peronistas— coincidió plenamente con la CGT y las CTA en rechazar el contenido del proyecto. Legisladores como Mariano Recalde afirmaron que la reforma “abarata el trabajo y facilita despidos”, una interpretación clásica del sindicalismo que se opone a cualquier modificación del statu quo, incluso cuando la economía argentina arrastra décadas de estancamiento y un 45% de empleo informal.
El miércoles hubo una reunión clave entre senadores justicialistas y dirigentes cegetistas; el jueves se sumaron representantes de la CTA y ATE. El mensaje fue homogéneo: rechazar la reforma en todos los frentes, presionar a gobernadores peronistas para que acompañen la resistencia y promover una alternativa propia que mantenga el modelo laboral actual, basado en altos costos de indemnización, convenios rígidos y fuerte discrecionalidad sindical.
Desde el sindicalismo más combativo, Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) advirtió que los gobernadores que apoyen la reforma “se disparan en el pie”. Su argumento: una rebaja de impuestos derivada de la reforma fiscal que acompaña el proyecto impactaría en los ingresos de las provincias, pese a que muchas de ellas arrastran estructuras sobredimensionadas y gasto político elevado.
El reordenamiento interno del PJ también se expresa en Diputados, donde Germán Martínez coordina la confección de una propuesta propia. Y los movimientos sociales alineados al peronismo, como la UTEP, buscan instalar un “estatuto del trabajador de la economía popular”, una idea que pretende institucionalizar la informalidad con subsidios y regulaciones paralelas.
Mientras tanto, el rechazo peronista a Milei opera como un nuevo pegamento interno: unifica facciones históricamente enfrentadas, desde gobernadores como Axel Kicillof —quien tildó al proyecto de “fantoche del Consenso de Washington”— hasta organizaciones sociales y sindicatos acostumbrados a marcar agenda mediante la conflictividad.
Con esta estrategia, el peronismo apuesta a dar una batalla total contra una reforma laboral que, para el mundo liberal, constituye un paso indispensable para reducir el desempleo, atraer inversiones y modernizar una estructura normativa heredada de los años 70. Para la oposición peronista, en cambio, es el terreno ideal para recuperar cohesión política y disputar poder en las calles y en el Congreso.
