El presidente Javier Milei firmará mañana el decreto que habilita el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderá del 10 al 31 de diciembre. La convocatoria incluirá el tratamiento del Presupuesto 2026 y un conjunto de proyectos centrales para la Casa Rosada, entre ellos la reforma laboral, la reforma penal y la modificación de la Ley de Glaciares. La publicación oficial está prevista para el martes en el Boletín Oficial.
En la previa, el Ejecutivo aceleró las conversaciones con los gobernadores que integran el Pacto de Mayo —entre ellos el mandatario de Catamarca— con el objetivo de ordenar las demandas provinciales vinculadas a partidas presupuestarias. La intención del Gobierno es conseguir un nuevo dictamen sobre el Presupuesto antes de mediados de diciembre y encarar una negociación legislativa intensa en las últimas semanas del año.
La estrategia legislativa estará coordinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. En materia económica, será el ministro Luis Caputo quien tendrá la última palabra respecto a fondos, asignaciones y eventuales concesiones a las provincias. En el oficialismo repiten que la aprobación del Presupuesto podría contribuir a mejorar el clima financiero y reducir el riesgo país antes de los vencimientos de deuda de enero, que rondan los 4.000 millones de dólares.
El proyecto de reforma laboral que ingresará al temario apunta a modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744). Entre los puntos principales figuran la reducción de costos de contratación, la flexibilización de cargas laborales, la ampliación de mecanismos de mediación y arbitraje y la eliminación de la obligatoriedad de la cuota solidaria sindical.
La iniciativa también impulsa que los convenios específicos por sector prevalezcan sobre los convenios colectivos generales. En cuanto al derecho de huelga, se propone ampliar el listado de servicios esenciales —incluyendo salud, transporte, telecomunicaciones y educación— lo que acotaría las medidas de fuerza en esos sectores.
En paralelo, el Gobierno confirmó los lineamientos de la reforma penal, que endurece penas para homicidios, abusos sexuales, robos, usurpaciones, corrupción y trata de personas. El proyecto contempla además nuevas figuras para delitos emergentes, eleva los mínimos para evitar condenas condicionales y establece que el 82% de los delitos deberán cumplirse con prisión efectiva.
Otro punto relevante es que ciertas conductas pasarán a ser imprescriptibles y que las condenas comenzarán a ejecutarse una vez rechazado el recurso extraordinario, sin esperar una resolución de la Corte Suprema.
Fuentes oficiales descartaron que Milei presente públicamente los proyectos en esta etapa. La estrategia elegida apunta a un avance por etapas dentro del Congreso, priorizando la negociación directa con los bloques dialoguistas y evitando un desgaste público previo al tratamiento parlamentario.