Ruta del dinero K: la Corte activó el decomiso de bienes de Lázaro Báez por más de US$ 60 millones
04/12/2025 07:50 | Nacional
La Corte Suprema de Justicia puso en marcha esta semana el proceso para ejecutar el decomiso de bienes y fondos millonarios pertenecientes a Lázaro Báez y a su hijo, Martín Báez, condenados en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Se trata de activos valuados en más de 60 millones de dólares que, tras quedar firmes las condenas, comenzarán ahora a ser transferidos al Estado.
El procedimiento se activó a través de un oficio enviado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, al juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4), que condenó a Báez en abril de 2021. Allí se notificó la orden de avanzar con la “adjudicación definitiva de los fondos obtenidos en subastas” y con la registración de los inmuebles decomisados.
Los bienes en juego
El fallo del TOF 4 determinó un decomiso total de US$ 61.130.860,86, dividido en cuatro partidas principales:
-
US$ 54.872.866,69
-
US$ 5.000.000
-
US$ 307.994,17
-
US$ 950.000
A ello se suman $4.174.697 en pesos, que deberán actualizarse según el IPC del INDEC. Todos estos fondos y bienes habían sido embargados durante la instrucción de la causa y permanecían retenidos judicialmente.
La Corte ordenó ahora la transferencia inmediata del dinero —incluido lo recaudado en las subastas ya realizadas— a dos cuentas bancarias institucionales en pesos y dólares. También requirió al tribunal el detalle documental de todas las ventas efectuadas.
Un proceso que se reactivó tras un conflicto institucional
El avance del máximo tribunal ocurre después de que el 29 de mayo de 2025 quedaran firmes las condenas, al declararse inadmisibles los recursos presentados por las defensas. Ese paso habilitó a iniciar la ejecución, pero el proceso quedó trabado por un conflicto entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
En 2025, mediante el Decreto 575/2025, el Gobierno creó el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La norma buscaba que los bienes decomisados en causas penales pasaran a gestión administrativa del Ejecutivo, lo que generó rechazo en la Corte y en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que denunció una intromisión en facultades judiciales.
El conflicto se destrabó en octubre, cuando el juez en lo contencioso-administrativo Pablo Cayssials suspendió el decreto por considerar que alteraba de manera inconstitucional el régimen de administración de bienes de origen ilícito y afectaba la independencia del Poder Judicial.
La Corte retoma el control
Con el decreto frenado y la sentencia penal firme, la Corte recuperó el manejo del expediente y ordenó avanzar con la inscripción de los bienes a su nombre, así como con el traslado de los fondos incautados. El objetivo es asegurar que los activos regresen al patrimonio del Estado y que su destino se ajuste estrictamente a lo establecido por la sentencia penal.
El decomiso implica uno de los tramos finales de la causa que investigó el lavado de casi US$ 60 millones provenientes de la obra pública durante el kirchnerismo, maniobra por la cual Báez fue condenado a 10 años de prisión.
