Argentina exige acción inmediata de la Corte Penal contra Maduro
Reclamo frontal en La Haya: el Gobierno pidió ejecutar las órdenes de arresto y denunció la inacción internacional frente a los crímenes del régimen venezolano.
01/12/2025 20:22
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Internacional
El Gobierno argentino elevó la presión diplomática sobre Venezuela y exigió este lunes, en el inicio de la conferencia anual de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, que el tribunal actúe de forma urgente ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en el país caribeño. El embajador argentino, Diego Emilio Sadofschi, pidió avanzar sin más demoras en la ejecución de las órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, señalados como responsables directos de crímenes de lesa humanidad.
El planteo se produjo en medio de una escalada internacional que tiene como protagonistas al régimen chavista y a la administración de Donald Trump, que desplegó una operación militar frente a las costas venezolanas y exige la salida inmediata de los líderes bolivarianos. Desde Buenos Aires, la posición es alineada y sin matices: Venezuela es una “narcodictadura” que viola de manera sistemática los derechos fundamentales.
Sadofschi abrió su intervención alertando sobre el deterioro institucional venezolano tras las elecciones “fraudulentas” de julio de 2024 y cuestionó la falta de avances desde que la Fiscalía de la CPI concluyó el examen preliminar en 2021. “No podemos seguir ignorando detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros crímenes que requieren investigaciones serias pero rápidas”, afirmó.
En un gesto inusual, el embajador pidió dejar asentado que Argentina se disocia del consenso general que adoptará la asamblea. Aclaró que no bloquear el acuerdo administrativo no implica ningún tipo de acercamiento a Caracas, sino una decisión técnica que no modifica la condena política del Gobierno hacia el régimen de Maduro.
La delegación argentina reclamó acelerar los mecanismos internacionales para ejecutar las órdenes de arresto y poner fin a años de demoras en un expediente que, a criterio de Buenos Aires, se convirtió en un símbolo de pasividad global frente a violaciones extremas.
La reacción de Venezuela no tardó en llegar. El representante adjunto ante la CPI, Héctor Constant Rosales, acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de los derechos humanos”. Sadofschi rechazó el mensaje y pidió dejar constancia oficial de su respuesta, remarcando que Argentina no suavizará su postura “ante una dictadura responsable de crímenes de lesa humanidad”.
Un conflicto bilateral que suma tensión: el caso Nahuel Gallo
La relación entre Buenos Aires y Caracas ya venía deteriorada. La detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, encarcelado en Venezuela bajo cargos considerados infundados por el Gobierno y por organismos de derechos humanos, tensó aún más el vínculo. La administración Milei exige su liberación inmediata y garantías sobre su integridad física.
En este contexto, la cumbre anual de la CPI se convirtió en un escenario donde Argentina buscó marcar una posición sin grises: el caso venezolano —por su gravedad y por la falta de avances judiciales— no admite más dilaciones. El mensaje fue directo, político y jurídico: la Justicia internacional debe actuar ya.
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