Un Código Penal para la Era Milei

El Gobierno nacional presentó los lineamientos de su proyecto de reforma del Código Penal, una iniciativa que será enviada al Congreso y que apunta a endurecer penas, acelerar procesos judiciales y reforzar sanciones contra delitos de corrupción. La propuesta tendrá impacto en todas las provincias —incluida Catamarca— y fue anunciada por la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

Adorni sostuvo que la reforma busca “ordenar un sistema que durante años favoreció al delincuente por encima de la víctima”. Planteó que las modificaciones apuntan a consolidar reglas permanentes en materia penal y subrayó que los funcionarios condenados por corrupción perderán el derecho a jubilaciones de privilegio. “El que las hace, las paga”, remarcó.

Bullrich, por su parte, destacó que el Código vigente —redactado en 1921— “fue parchado durante décadas” y consideró que el Congreso tendrá “una misión histórica”. Según el Gobierno, el objetivo es fortalecer el cumplimiento efectivo de las penas y garantizar un esquema más previsible para la Justicia.

Entre los cambios más relevantes, el proyecto eleva la pena máxima por homicidio simple de 25 a 30 años e incorpora nuevos agravantes para los homicidios ya penados con prisión perpetua, incluyendo el asesinato de autoridades educativas en ejercicio, menores de 16 años y adultos mayores.

En delitos vinculados a la conducción imprudente, la figura simple pasará a tener una pena de 2 a 6 años, mientras que la agravada quedará entre 3 y 6 años. También se fijarán condenas específicas para el uso indebido de armas y se reformulará el concepto de legítima defensa, presumiendo a favor de quien repele una agresión.

El texto establece la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidios agravados, abuso sexual, terrorismo, trata de personas, narcotráfico y delitos cometidos por organizaciones criminales. Según Bullrich, el 82% de las condenas previstas en estas categorías implicará prisión efectiva.

Otra modificación central apunta a garantizar que las víctimas sean notificadas cuando un condenado acceda a salidas transitorias o cumpla su pena, reforzando su participación en el proceso penal.

Además, el proyecto elimina las jubilaciones de privilegio para funcionarios condenados por corrupción, y establece el cumplimiento íntegro de las penas perpetuas, sin límite temporal.

Con este paquete, el Gobierno busca enviar una señal política clara: endurecer el sistema penal, reducir márgenes de discrecionalidad judicial y alinear el Código a su enfoque de seguridad. Ahora, la pulseada se trasladará al Congreso, donde la Casa Rosada deberá construir mayorías para convertir en ley una de sus reformas más ambiciosas del año.